El Parlamento Europeo aprobó, la semana pasada, una resolución en la que afirma que «todos los niños, con independencia de su sexo, tienen el derecho a la vida, a la supervivencia y al desarrollo»; y pide que se trabaje para acabar «con las prácticas carentes de toda ética y discriminatorias de selección prenatal en función del sexo, y aborto de fetos de sexo femenino», entre otras. Paradójicamente, esta petición se circunscribe a las delegaciones de la Unión Europea en países en vías de desarrollo, mientras en muchos países europeos, gracias a las leyes de plazos, el aborto de niñas está permitido, al menos,
implícitamente.
Es más, en Suecia, el permiso es explícito, como reconoció la Junta Nacional
de Salud y Bienestar en 2009. Poco después de esta petición, Luxemburgo se sumó al grupo de los países europeos más permisivos con el aborto. Por 39 votos frente a 21, la Cámara de Diputados aprobó una reforma para pasar de una ley de supuestos –riesgo para la vida o la salud de la madre, violación e incesto, discapacidad del hijo, y motivos socioeconómicos– a una ley que permite
el aborto hasta la semana 12, sólo con que la mujer afirme que le produce angustia. El Gran Duque Enrique de Luxemburgo no podrá vetar la nueva ley como hizo en 2009 con la despenalización de la eutanasia, puesto que entonces, como represalia, el Parlamento le privó de la prerrogativa del veto.
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