La Generalitat fomenta la píldora abortiva «para ahorrar»

Las clínicas aseguran que Cataluña no cumple la legislación al permitir que seis ambulatorios dispensen el fármaco desde febrero.

La Generalitat fomenta la píldora abortiva «para ahorrar»

Desde que fuera aprobada hace una década, la píldora abortiva RU-486, comercializada como Myfegyne, sólo puede ser administrada en hospitales y clínicas acreditadas para la interrupción del embarazo. Así ocurre en toda España, salvo en Cataluña.

Desde febrero, la Generalitat empezó a aplicar un protocolo que permite a diversos ambulatorios dispensar el fármaco antes de las siete semanas de gestación –49 días tras la última menstruación–. Se trata de un programa piloto en el que participan seis ambulatorios: los CAP Manso de Barcelona, Cerdanyola del Vallès, Vilanova i la Geltrú-Garraf, Mataró, Vic y Badalona.

La Asociación de Clínicas para la Interrupción del Embarazo (ACAI)asegura que la Generalitat está intentando «ahorrar costes» al fomentar el aborto farmacológico frente al quirúrgico.

Santiago Barambio, presidente de ACAI, apuntó a LA RAZÓN que una interrupción quirúrgica «puede llegarle a costar entre 1.200 y 1.400 euros» a la Sanidad pública, cantidad muy superior a una farmacológica.

Hay que recordar que el tratamiento farmacológico cuesta alrededor de 240 euros, al menos en las clínicas privadas. «Pretenden que el 50 por ciento de los abortos sea por esta vía», añade.

El protocolo indica la administración de 600 gramos de esta píldora –un esteroide sintético de propiedades antihormonales–, que actúa «anulando la progesterona, cuya acción continuada es necesaria para la gestación», apuntó ayer a Ep Eduard Gratacós, jefe del Servicio de Medicina Maternofetal del Clínic de Barcelona.

Tras ingerir la RU-486, la mujer debe tomar en 48 horas misoprostol, otro fármaco que provoca las contracciones para la expulsión. El aborto se produce en torno a las dos horas.

Barambio cree que no se está cumpliendo la Ley del Aborto, pues la Generalitat abre la puerta a que «cualquier consulta pueda practicar un aborto farmacológico», cuando, según la legislación, sólo pueden practicarlo hospitales y clínicas acreditadas.

En ACAI opinan que los ambulatorios «no cuentan con auténticos expertos, pues no tienen práctica» en cuanto a la interrupción del embarazo. Así, Barambio cree que la iniciativa «va en contra de las normas de la Organización Mundial de la Salud (OMS), que exigen que el personal cuente con una amplia experiencia». Además, en estas consultas «no se cuenta con anestesistas ni áreas de reposo».

El científico César Nombela, miembro del Comité de Bioética, afirmó a este diario que, «al realizar estos procedimientos en un ambulatorio, sin la atención adecuada y con una asistencia médica muy reducida, se multiplican los riesgos». Algo grave debido al «alto porcentaje de efectos secundarios», como es el sangrado que pueden sufrir estas mujeres.

Este proyecto no deja de ser una prueba del desbarajuste autonómico que hay en torno a la legislación. «No puede haber diferentes reglamentos», dice Barambio. ACAI mantuvo una reunión con la Generalitat en la que las autoridades reconocieron que iban a «evaluar» la experiencia. En todo caso,las clínicas van a «movilizar» a su departamento jurídico» y, llegado el caso, denunciarían la situación ante la Fiscalía.

Un 90% de las mujeres rechaza el fármaco:

- Desde ACAI, cifran en un 90 por ciento las mujeres que, antes de las siete semanas de embarazo, rechazan la RU-486 como método abortivo, frente a la aspiración con sedación, el proceso más utilizado.

- El motivo de esta elección, apuntan en ACAI, reside en los efectos que acarrea este fármaco como fiebre, tiritonas, náuseas, vómitos y diarrea.

- También provoca dolores similares a los del parto, que pueden prolongarse durante horas, y un sangrado superior al de la menstruación.

- ACAI ve significativa la preferencia por un aborto quirúrgico frente a otro farmacológico, cuando este es mucho más barato.

¡Qué tristeza de noticia!